Un tal Albert Branchadell publica hoy en El País un título maliciosamente efectista: “Un manifiesto contra España”. Bajo el rótulo cabe pensar que se ha escrito un manifiesto contra España, aunque al leerlo, lo que uno se encuentra es la consideración de que, el “Manifiesto por la lengua común” que hace poco conocimos, es un manifiesto que mueve más a ir contra España que a favor. Dicho, claro está, en líneas generales. Pero, un artículo que empieza en su título de este modo, con jueguecitos ambiguos y dobles sentidos para provocar la llamada de la selva entre lectores habituales y no tan habituales, ya se le puede suponer buena dosis de mala fe. La mala fe que cabe suponer a quien se ha dado por aludido y ofendido –si no, no nos regalaría la joya que escribe- por la defensa que otros han llevado acabo de la lengua española como lengua común y oficial del Estado y los ciudadanos.

Me ha llamado notablemente la atención que el señor Branchadell se líe ha explicarnos el significado de la palabra “común”, nos hable de las asimetrías de las lenguas que existen en el territorio español, se pierda entre disquisiciones sobre si se recoge en algún lado el derecho a recibir la educación en castellano –es cosa que cabe deducirla a una mente lúcida, aunque existe quien necesita una copia al dictado-, mezclándolo con su dosis de constitucionalismo... y se le olvide mencionar la piedra angular de aquél manifiesto que critica: el hecho de que la Constitución de 1978 establezca el deber de aprender y el derecho de usar el castellano como lengua oficial del Estado (art 3.1) y no haga lo propio en el art 3.2 con el resto de lenguas. El manifiesto sostiene que a todo español cabe suponerle conocer el castellano, precisamente, por ser deber suyo aprenderlo, desde Finisterre hasta el Teide pasando por el archipiélago balear. Sin embargo, Branchadell –que no sé por dónde entiende-, se tambalea con lo común, lo mayoritario y la difusión social del castellano, como si fueran estas las razones que fundamentan aquél manifiesto. De hecho, la única vez que menciona el deber que comento, es para leerlo justo al contrario: como versión exclusivista que prohíbe que exista el mismo deber para con el resto de lenguas. Hasta empieza afirmando que España es un país “plurilingüe”, lo cual no es cierto pues supone generalizar para todo el país el hecho de convivencia de dos o más lenguas en determinadas regiones. Y lo afirma amparándose en la Constitución, como corresponde cuando se quiere usar las mismas armas de aquél a quien se considera enemigo. ¿No se ha percatado el lector que la Constitución, venga a interpretarla, está llegando a decir una cosa y su contraria al mismo tiempo y en el mismo sentido?

Dice Albert:

(...) una cosa es que todos los españoles conozcan el castellano y otra muy distinta que consideren que el castellano es su lengua.

Pues señor, en tanto que español, para todos el castellano es la lengua, pues es la oficial del Estado. Tan peregrino como que el francés lo es de los franceses, al margen de otras lenguas que puedan existir en Francia. Que luego, además, también lo sea el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano o el mallorquín, perfecto. Pero ya sabemos, ¡Spain is diferent! ¿O no?

También se le olvida a Albert que, ese mismo artículo 3.1, al convertir en lengua oficial del Estado al castellano, lo defiende del mismo modo como la lengua vehicular de la Administración Pública y las Instituciones, tanto en las relaciones interiores como en las exteriores, razón por la que el castellano no se puede suprimir a favor de las otras lenguas en cualquiera de los actos o textos jurídicos, legales o administrativos que el ente público realice desde cualquier Institución. Que se redacten de forma bilingüe es una solución factible que, en ningún momento, vulnera el punto 2 del mismo artículo por el que el resto de lenguas serán oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas según sus Estatutos y manifiesta el respeto y protección a las mismas del punto 3. El artículo 3.2 es el que está siendo usado de forma deliberada, anteponiendo los Estatutos al texto Constitucional, para establecer el mismo deber para estas lenguas. Esto es, que la Comunidad Autónoma de Cataluña, la de Galicia, el País Vasco, la Islas Baleares o la Comunidad Valenciana, puedan imponer a los españoles que residan allí o quieran trabajar allí, el aprendizaje de la lengua autonómica en escuelas, oposiciones y Administración. Como si la Constitución emanase de los Estatutos y no al revés. Es este punto de la Constitución el que, con muy mala baba, se retuerce para amparar que en estas Comunidades se sancione con multa el uso, no ya público, sino también privado, de la lengua castellana y oficial del Estado. Dicho de forma general: aprovechan el artículo 3.2 de la Constitución de 1978 para establecer en sus Comunidades, como máximo texto legal, el Estatuto, igualándolo en rango a la Carta Magna al tiempo que igualan las lenguas, olvidando a conveniencia el artículo 3.1. A partir de esta pirueta, en tal o cual Comunidad Autónoma se hará lo que mande el Estatuto, independientemente de la Constitución, como si sus Instituciones gubernativas (Junta y Generalidades) no formaran parte del entramado público del Estado.

Los nacionalismos, empero, bajo la protección de estas interpretaciones “constitucionales”, casi vienen a llamar inconstitucionales las iniciativas que recuerdan el artículo 3.1 y la primacía fundamental de la Constitución de 1978 frente a cualquier otro texto legal, el cual, no puede contradecir a aquélla, en todo el territorio español.

¿No cree el lector que, si la intención hubiese sido que todas las lenguas españolas fuesen igualmente oficiales en el Estado, estarían entonces incluidas todas por igual en el artículo 3.1 sin necesitar ese punto 2 del mismo artículo? Respecto del argumento de la asimetría de las lenguas, ¿acaso porque en Cataluña sólo se hable catalán, en el País Vasco el euskera, en Galicia el gallego, en Valencia el valenciano y en Baleares el mallorquín –o el ibicenco- va a desaparecer la asimetría? Lo mismo buscan que todos los españoles aprendamos estas lenguas y así poder exigir el mismo rango estatal que el castellano. Pero esto sería incluso peor que Don Quijote arremetiendo contra los molinos y el lío de la Torre de Babel. En Albert, parece deducirse algo parecido:

lo que se propone es que se prohíba la posibilidad de establecer el deber de conocer una lengua española diferente del castellano, de modo que su comprensión pueda serle supuesta a todos los ciudadanos de la comunidad afectada. Es decir, que se prohíba lo que prevé el Estatuto de Cataluña para el catalán y que se abandone la jurisprudencia que sanciona el conocimiento obligatorio del catalán por parte de los alumnos y de los funcionarios de la Administración catalana.

Lo dicho, el Estatuto de una Comunidad, usado para enmendar la plana, corregir y rellenar los huecos de la Constitución a gusto del consumidor.

En cuanto a la elección de idioma en la educación, no deja de sorprender que Albert sea capaz de usar el mismo argumento para cosas contrarias. Según él, se puede elegir otra lengua para la expresión, comprensión y comunicación diferente al castellano:

La mayoría de españoles tiene el castellano como lengua materna o lo ha elegido como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación, pero existen también otros españoles que tienen o han elegido otra lengua.

Pero cuando la elección está orientada a, por ejemplo, el castellano en la enseñanza, resulta que hay pegas:

esta propuesta no está en la Constitución. Lo que sí existe es una acreditada jurisprudencia según la cual el derecho a la educación no implica el derecho a elegir la lengua de la enseñanza. Es interesante, por cierto, que el Manifiesto solicite al Parlamento español una normativa sobre una cuestión que parlamentariamente ya está zanjada: el Congreso rechazó recientemente una proposición del PP que incluía el derecho a "estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo".

¡Esto sí que es asimetría señor Branchadell! Cierto que nos da la de arena:

Naturalmente, que el Parlamento convalide el sistema de inmersión lingüística en Cataluña no significa que este sistema sea invulnerable a la crítica. Si el Manifiesto existe es, en buena medida, por el trato escolar que recibe el castellano en Cataluña, que acaso sería bueno revisar. Es posible que en Cataluña no se haya garantizado de manera satisfactoria el derecho a recibir la "primera enseñanza" en castellano, reconocido desde la Ley de Normalización de 1983. En la actualidad, oponerse a la tercera hora de castellano (al mismo tiempo que se admiten asignaturas en inglés) es un grave error político.

¿”es posible”? ¿”sería bueno revisar”? Esto es todas las palabras que dedica Branchadell al saltarse a la torera las leyes en Cataluña. Por proporción, extensión e ímpetu en su artículo de opinión, se deriva que para Albert es muchísimo más grave lo que concierne a las lenguas que no son el castellano –por cierto, que barre para casa y se centra en Cataluña y el catalán, olvidando en su discurso el resto de lenguas de su “España plurilingüe”.

El problema que subyace de fondo no es una revisión de la Constitución como pide el “Manifiesto por la lengua común”, ni las multas al castellano, ni la independencia, ni la “normalización lingüística”, ni las múltiples interpretaciones libres e interesadas que se hacen de la Carta Magna, resultando de todo el cambalache por el que se inocula que el Texto de 1978 es confuso, ambiguo y, por ende, erróneo. Para una mente no envenenada políticamente –nacional o nacionalista, que me es indiferente-, sana, la Constitución es muy clara. Para los que viven de sus luchas con los fantasmas particulares de la historia, es necesario empezar a concretar la Constitución hasta el milímetro más preciso, para evitar desmadres por el este y el oeste. Pero, y aquí no se libra ningún politicucho, la necesidad de los apoyos y chantajes nacionalistas ha velado y oscurecido está claridad por omisión, entre hipocresías, cinismos y demagogias baratas, dejando hacer y sin intervenir. Como siempre, los barros traen lodos, y recogemos ahora exigencias que se salen de madre por todos lados para reformar literariamente, como correctores de estilo con ocultas intenciones, la expresión de la Constitución.

Hec

Nota: El artículo de opinión de Albert Branchadell puede leerse en el siguiente enlace

http://www.elpais.com/articulo/opinion/manifiesto/Espana/elpepiopi/20080707elpepiopi_12/Tes

Mientras unos se aprietan el cinturón, otros se aflojan y quitan la corbata. Me refiero, en los primeros, a la población, que empieza a no tener agujeros en el cuero ni espacio para hacerlos; en los segundos, a ese señor que una vez se presentó a la alcaldía de Madrid y que Rodríguez Zapatero nos mete hasta en la sopa sin que nadie sepa qué le debe el presidente: Miguel Sebastián, hoy, Ministro de Industria. Y este señor –para no faltar- ha decidido tomar medidas ante la crisis: quitarse la corbata. Bien que lo entendería si fuera porque de tanto trabajar y sudar, necesitase aflojar el nudo, quitarse la americana y remangarse las camisa, mientras prosigue su labor en el gobierno. Pero si sólo se trata de gastar menos con el aire acondicionado y, subrepticiamente, robarle en la boda el protagonismo a la novia –esto es, a la propia crisis- haciendo que todos hablemos de su ausente lazo y pantomima con Bono –que si te regalo una corbata, que si el otro un termómetro- y no de lo mal que pintan los tiempos y lo peor que se pronostican en los oráculos económicos, entonces, estamos ante una solemne majadería más, de esas en que nos dicen: ¡mire, un burro volando! Es decir, que el señor Sebastián está como la señorita o señora Aído, la Ministra de ¿Igualdad?, para soltarlas gordas y distraer la atención con el chascarrillo. Aquella, no satisfecha con su “miembra”, nos vino con crear bibliotecas exclusivas para mujeres y cuyos fondos sólo registrasen a escritoras. ¿Realmente espera que nos lo tomemos en serio y no creamos que se trata de un efecto de trilero, una maniobra de distracción torpe y cantada? ¿A alguien de este país se le mantendría en su puesto de trabajo después de tamañas idioteces? Pues ahí siguen, mandados o no, de natural o de tapadillo, poniendo su dignidad intelectual a la altura del lodo, sirva o no para despistar al ciudadano y sobrevivir un día más a la que está cayendo y, sobre todo, a la que está por caer.

El paro sube, y sigue subiendo, incluso en meses como los de verano, tradicionalmente de creación de empleo –temporal- por el turismo y hostelería; el EURIBOR sube, y sigue subiendo sin alcanzar ese techo que tantas veces nos han dicho desde el Gobierno de España que iba a tocar ya; El PIB baja, y sigue bajando, porque hay menos para gastar, luego menos consumo y, lógico, baja la producción y la venta; el famoso superávit, aquello de la “champions league” que, orgulloso, soltaba Rodríguez Zapatero, se ha desvanecido en dos o tres meses, y estamos al borde del déficit público. Y el Presidente todavía tiene la desvergüenza de no mentar la palabra “crisis” en su vocabulario, echando mano de toda perífrasis gongorina y todo eufemismo retórico hasta el salto mortal de aquélla “desaceleración acelerada”, ¡el colmo del absurdo! ¿Y estos eran los que decían que “no merecíamos un gobierno que mintiera”? Ni entonces, ni ahora. Pero sobre todo, lo que no merecemos es un Gobierno inepto, incompetente e ineficaz, que viéndolas venir, prefiere esperar a que las cosas pasen por sí solas con una sonrisa de oreja a oreja, dejándonos a merced de la lucha por la supervivencia y la ley del más fuerte, entre otras cosas, y esto es lo grave, porque no sabe qué hacer. Si lo supiera, digo yo que ya habría puesto remedio, pues se ha hecho tarde para ponerse medallas.

Sus ingentes “paquetes de medidas” –como odio esta expresión-, ni siquiera son paquetes, sino cuatro líneas torcidas escritas a lápiz. ¿Congelar el gasto público de sueldos? Después de haberlos subido, claro –demagogia-; y, ¿para qué crear dos Ministerios inútiles que incrementan los altos cargos y la plantilla de funcionariado, esto es, el gasto público? Un “paquete”, por lo que yo entiendo, suele ser algo más sólido que estos retazos impúdicos y el quitarse la corbata de Sebastián.

Si es que hemos asistido a algo insólito desde que se impuso la tiranía “progre” de seudoizquierda: los psocialistas solos en el Parlamento, y Rodríguez Zapatero forzado a comparecer –si es por él, todavía estaríamos esperando- por todos los grupos posicionados enfrente. Todos, y no sólo los populares ejerciendo de oposición, saltándose sus democráticos “cordones sanitarios”. “La pela es la pela”, que dirían, y así los nacionalistas vienen a sacudir a Rodríguez Zapatero para que suelte las moneditas que debe, que prometió... las treinta monedas de plata por las que vende a plazos su poder en España. ¿Dijo algo? ¡Qué va! Más allá de arquear las cejas, las dos, sin esfuerzo, no hay más Presidente. En él acaba la verdad, y por él nos sometemos al principio de incertidumbre en su interpretación más relativista –válida o no. Con Rodríguez Zapatero todo es opinable: desde el término “nación” de la Constitución, la Constitución misma, los alto al fuego, y las crisis económicas hasta la inmortalidad del cangrejo.

O este Gobierno es un grandioso gestor y nosotros, los que siempre llamo pobres mortales, somos tontos que no pillamos ni una de sus magistrales medidas, o nos están dando por liebre, gato sin disfrazar, y donde tendrían que decir... –no sé cómo hace la liebre-, nos dicen, encima “miau” pero enseñando una zanahoria para disimular.

Hec