Un tal Albert Branchadell publica hoy en El País un título maliciosamente efectista: “Un manifiesto contra España”. Bajo el rótulo cabe pensar que se ha escrito un manifiesto contra España, aunque al leerlo, lo que uno se encuentra es la consideración de que, el “Manifiesto por la lengua común” que hace poco conocimos, es un manifiesto que mueve más a ir contra España que a favor. Dicho, claro está, en líneas generales. Pero, un artículo que empieza en su título de este modo, con jueguecitos ambiguos y dobles sentidos para provocar la llamada de la selva entre lectores habituales y no tan habituales, ya se le puede suponer buena dosis de mala fe. La mala fe que cabe suponer a quien se ha dado por aludido y ofendido –si no, no nos regalaría la joya que escribe- por la defensa que otros han llevado acabo de la lengua española como lengua común y oficial del Estado y los ciudadanos.

Me ha llamado notablemente la atención que el señor Branchadell se líe ha explicarnos el significado de la palabra “común”, nos hable de las asimetrías de las lenguas que existen en el territorio español, se pierda entre disquisiciones sobre si se recoge en algún lado el derecho a recibir la educación en castellano –es cosa que cabe deducirla a una mente lúcida, aunque existe quien necesita una copia al dictado-, mezclándolo con su dosis de constitucionalismo... y se le olvide mencionar la piedra angular de aquél manifiesto que critica: el hecho de que la Constitución de 1978 establezca el deber de aprender y el derecho de usar el castellano como lengua oficial del Estado (art 3.1) y no haga lo propio en el art 3.2 con el resto de lenguas. El manifiesto sostiene que a todo español cabe suponerle conocer el castellano, precisamente, por ser deber suyo aprenderlo, desde Finisterre hasta el Teide pasando por el archipiélago balear. Sin embargo, Branchadell –que no sé por dónde entiende-, se tambalea con lo común, lo mayoritario y la difusión social del castellano, como si fueran estas las razones que fundamentan aquél manifiesto. De hecho, la única vez que menciona el deber que comento, es para leerlo justo al contrario: como versión exclusivista que prohíbe que exista el mismo deber para con el resto de lenguas. Hasta empieza afirmando que España es un país “plurilingüe”, lo cual no es cierto pues supone generalizar para todo el país el hecho de convivencia de dos o más lenguas en determinadas regiones. Y lo afirma amparándose en la Constitución, como corresponde cuando se quiere usar las mismas armas de aquél a quien se considera enemigo. ¿No se ha percatado el lector que la Constitución, venga a interpretarla, está llegando a decir una cosa y su contraria al mismo tiempo y en el mismo sentido?

Dice Albert:

(...) una cosa es que todos los españoles conozcan el castellano y otra muy distinta que consideren que el castellano es su lengua.

Pues señor, en tanto que español, para todos el castellano es la lengua, pues es la oficial del Estado. Tan peregrino como que el francés lo es de los franceses, al margen de otras lenguas que puedan existir en Francia. Que luego, además, también lo sea el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano o el mallorquín, perfecto. Pero ya sabemos, ¡Spain is diferent! ¿O no?

También se le olvida a Albert que, ese mismo artículo 3.1, al convertir en lengua oficial del Estado al castellano, lo defiende del mismo modo como la lengua vehicular de la Administración Pública y las Instituciones, tanto en las relaciones interiores como en las exteriores, razón por la que el castellano no se puede suprimir a favor de las otras lenguas en cualquiera de los actos o textos jurídicos, legales o administrativos que el ente público realice desde cualquier Institución. Que se redacten de forma bilingüe es una solución factible que, en ningún momento, vulnera el punto 2 del mismo artículo por el que el resto de lenguas serán oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas según sus Estatutos y manifiesta el respeto y protección a las mismas del punto 3. El artículo 3.2 es el que está siendo usado de forma deliberada, anteponiendo los Estatutos al texto Constitucional, para establecer el mismo deber para estas lenguas. Esto es, que la Comunidad Autónoma de Cataluña, la de Galicia, el País Vasco, la Islas Baleares o la Comunidad Valenciana, puedan imponer a los españoles que residan allí o quieran trabajar allí, el aprendizaje de la lengua autonómica en escuelas, oposiciones y Administración. Como si la Constitución emanase de los Estatutos y no al revés. Es este punto de la Constitución el que, con muy mala baba, se retuerce para amparar que en estas Comunidades se sancione con multa el uso, no ya público, sino también privado, de la lengua castellana y oficial del Estado. Dicho de forma general: aprovechan el artículo 3.2 de la Constitución de 1978 para establecer en sus Comunidades, como máximo texto legal, el Estatuto, igualándolo en rango a la Carta Magna al tiempo que igualan las lenguas, olvidando a conveniencia el artículo 3.1. A partir de esta pirueta, en tal o cual Comunidad Autónoma se hará lo que mande el Estatuto, independientemente de la Constitución, como si sus Instituciones gubernativas (Junta y Generalidades) no formaran parte del entramado público del Estado.

Los nacionalismos, empero, bajo la protección de estas interpretaciones “constitucionales”, casi vienen a llamar inconstitucionales las iniciativas que recuerdan el artículo 3.1 y la primacía fundamental de la Constitución de 1978 frente a cualquier otro texto legal, el cual, no puede contradecir a aquélla, en todo el territorio español.

¿No cree el lector que, si la intención hubiese sido que todas las lenguas españolas fuesen igualmente oficiales en el Estado, estarían entonces incluidas todas por igual en el artículo 3.1 sin necesitar ese punto 2 del mismo artículo? Respecto del argumento de la asimetría de las lenguas, ¿acaso porque en Cataluña sólo se hable catalán, en el País Vasco el euskera, en Galicia el gallego, en Valencia el valenciano y en Baleares el mallorquín –o el ibicenco- va a desaparecer la asimetría? Lo mismo buscan que todos los españoles aprendamos estas lenguas y así poder exigir el mismo rango estatal que el castellano. Pero esto sería incluso peor que Don Quijote arremetiendo contra los molinos y el lío de la Torre de Babel. En Albert, parece deducirse algo parecido:

lo que se propone es que se prohíba la posibilidad de establecer el deber de conocer una lengua española diferente del castellano, de modo que su comprensión pueda serle supuesta a todos los ciudadanos de la comunidad afectada. Es decir, que se prohíba lo que prevé el Estatuto de Cataluña para el catalán y que se abandone la jurisprudencia que sanciona el conocimiento obligatorio del catalán por parte de los alumnos y de los funcionarios de la Administración catalana.

Lo dicho, el Estatuto de una Comunidad, usado para enmendar la plana, corregir y rellenar los huecos de la Constitución a gusto del consumidor.

En cuanto a la elección de idioma en la educación, no deja de sorprender que Albert sea capaz de usar el mismo argumento para cosas contrarias. Según él, se puede elegir otra lengua para la expresión, comprensión y comunicación diferente al castellano:

La mayoría de españoles tiene el castellano como lengua materna o lo ha elegido como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación, pero existen también otros españoles que tienen o han elegido otra lengua.

Pero cuando la elección está orientada a, por ejemplo, el castellano en la enseñanza, resulta que hay pegas:

esta propuesta no está en la Constitución. Lo que sí existe es una acreditada jurisprudencia según la cual el derecho a la educación no implica el derecho a elegir la lengua de la enseñanza. Es interesante, por cierto, que el Manifiesto solicite al Parlamento español una normativa sobre una cuestión que parlamentariamente ya está zanjada: el Congreso rechazó recientemente una proposición del PP que incluía el derecho a "estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo".

¡Esto sí que es asimetría señor Branchadell! Cierto que nos da la de arena:

Naturalmente, que el Parlamento convalide el sistema de inmersión lingüística en Cataluña no significa que este sistema sea invulnerable a la crítica. Si el Manifiesto existe es, en buena medida, por el trato escolar que recibe el castellano en Cataluña, que acaso sería bueno revisar. Es posible que en Cataluña no se haya garantizado de manera satisfactoria el derecho a recibir la "primera enseñanza" en castellano, reconocido desde la Ley de Normalización de 1983. En la actualidad, oponerse a la tercera hora de castellano (al mismo tiempo que se admiten asignaturas en inglés) es un grave error político.

¿”es posible”? ¿”sería bueno revisar”? Esto es todas las palabras que dedica Branchadell al saltarse a la torera las leyes en Cataluña. Por proporción, extensión e ímpetu en su artículo de opinión, se deriva que para Albert es muchísimo más grave lo que concierne a las lenguas que no son el castellano –por cierto, que barre para casa y se centra en Cataluña y el catalán, olvidando en su discurso el resto de lenguas de su “España plurilingüe”.

El problema que subyace de fondo no es una revisión de la Constitución como pide el “Manifiesto por la lengua común”, ni las multas al castellano, ni la independencia, ni la “normalización lingüística”, ni las múltiples interpretaciones libres e interesadas que se hacen de la Carta Magna, resultando de todo el cambalache por el que se inocula que el Texto de 1978 es confuso, ambiguo y, por ende, erróneo. Para una mente no envenenada políticamente –nacional o nacionalista, que me es indiferente-, sana, la Constitución es muy clara. Para los que viven de sus luchas con los fantasmas particulares de la historia, es necesario empezar a concretar la Constitución hasta el milímetro más preciso, para evitar desmadres por el este y el oeste. Pero, y aquí no se libra ningún politicucho, la necesidad de los apoyos y chantajes nacionalistas ha velado y oscurecido está claridad por omisión, entre hipocresías, cinismos y demagogias baratas, dejando hacer y sin intervenir. Como siempre, los barros traen lodos, y recogemos ahora exigencias que se salen de madre por todos lados para reformar literariamente, como correctores de estilo con ocultas intenciones, la expresión de la Constitución.

Hec

Nota: El artículo de opinión de Albert Branchadell puede leerse en el siguiente enlace

http://www.elpais.com/articulo/opinion/manifiesto/Espana/elpepiopi/20080707elpepiopi_12/Tes

Mientras unos se aprietan el cinturón, otros se aflojan y quitan la corbata. Me refiero, en los primeros, a la población, que empieza a no tener agujeros en el cuero ni espacio para hacerlos; en los segundos, a ese señor que una vez se presentó a la alcaldía de Madrid y que Rodríguez Zapatero nos mete hasta en la sopa sin que nadie sepa qué le debe el presidente: Miguel Sebastián, hoy, Ministro de Industria. Y este señor –para no faltar- ha decidido tomar medidas ante la crisis: quitarse la corbata. Bien que lo entendería si fuera porque de tanto trabajar y sudar, necesitase aflojar el nudo, quitarse la americana y remangarse las camisa, mientras prosigue su labor en el gobierno. Pero si sólo se trata de gastar menos con el aire acondicionado y, subrepticiamente, robarle en la boda el protagonismo a la novia –esto es, a la propia crisis- haciendo que todos hablemos de su ausente lazo y pantomima con Bono –que si te regalo una corbata, que si el otro un termómetro- y no de lo mal que pintan los tiempos y lo peor que se pronostican en los oráculos económicos, entonces, estamos ante una solemne majadería más, de esas en que nos dicen: ¡mire, un burro volando! Es decir, que el señor Sebastián está como la señorita o señora Aído, la Ministra de ¿Igualdad?, para soltarlas gordas y distraer la atención con el chascarrillo. Aquella, no satisfecha con su “miembra”, nos vino con crear bibliotecas exclusivas para mujeres y cuyos fondos sólo registrasen a escritoras. ¿Realmente espera que nos lo tomemos en serio y no creamos que se trata de un efecto de trilero, una maniobra de distracción torpe y cantada? ¿A alguien de este país se le mantendría en su puesto de trabajo después de tamañas idioteces? Pues ahí siguen, mandados o no, de natural o de tapadillo, poniendo su dignidad intelectual a la altura del lodo, sirva o no para despistar al ciudadano y sobrevivir un día más a la que está cayendo y, sobre todo, a la que está por caer.

El paro sube, y sigue subiendo, incluso en meses como los de verano, tradicionalmente de creación de empleo –temporal- por el turismo y hostelería; el EURIBOR sube, y sigue subiendo sin alcanzar ese techo que tantas veces nos han dicho desde el Gobierno de España que iba a tocar ya; El PIB baja, y sigue bajando, porque hay menos para gastar, luego menos consumo y, lógico, baja la producción y la venta; el famoso superávit, aquello de la “champions league” que, orgulloso, soltaba Rodríguez Zapatero, se ha desvanecido en dos o tres meses, y estamos al borde del déficit público. Y el Presidente todavía tiene la desvergüenza de no mentar la palabra “crisis” en su vocabulario, echando mano de toda perífrasis gongorina y todo eufemismo retórico hasta el salto mortal de aquélla “desaceleración acelerada”, ¡el colmo del absurdo! ¿Y estos eran los que decían que “no merecíamos un gobierno que mintiera”? Ni entonces, ni ahora. Pero sobre todo, lo que no merecemos es un Gobierno inepto, incompetente e ineficaz, que viéndolas venir, prefiere esperar a que las cosas pasen por sí solas con una sonrisa de oreja a oreja, dejándonos a merced de la lucha por la supervivencia y la ley del más fuerte, entre otras cosas, y esto es lo grave, porque no sabe qué hacer. Si lo supiera, digo yo que ya habría puesto remedio, pues se ha hecho tarde para ponerse medallas.

Sus ingentes “paquetes de medidas” –como odio esta expresión-, ni siquiera son paquetes, sino cuatro líneas torcidas escritas a lápiz. ¿Congelar el gasto público de sueldos? Después de haberlos subido, claro –demagogia-; y, ¿para qué crear dos Ministerios inútiles que incrementan los altos cargos y la plantilla de funcionariado, esto es, el gasto público? Un “paquete”, por lo que yo entiendo, suele ser algo más sólido que estos retazos impúdicos y el quitarse la corbata de Sebastián.

Si es que hemos asistido a algo insólito desde que se impuso la tiranía “progre” de seudoizquierda: los psocialistas solos en el Parlamento, y Rodríguez Zapatero forzado a comparecer –si es por él, todavía estaríamos esperando- por todos los grupos posicionados enfrente. Todos, y no sólo los populares ejerciendo de oposición, saltándose sus democráticos “cordones sanitarios”. “La pela es la pela”, que dirían, y así los nacionalistas vienen a sacudir a Rodríguez Zapatero para que suelte las moneditas que debe, que prometió... las treinta monedas de plata por las que vende a plazos su poder en España. ¿Dijo algo? ¡Qué va! Más allá de arquear las cejas, las dos, sin esfuerzo, no hay más Presidente. En él acaba la verdad, y por él nos sometemos al principio de incertidumbre en su interpretación más relativista –válida o no. Con Rodríguez Zapatero todo es opinable: desde el término “nación” de la Constitución, la Constitución misma, los alto al fuego, y las crisis económicas hasta la inmortalidad del cangrejo.

O este Gobierno es un grandioso gestor y nosotros, los que siempre llamo pobres mortales, somos tontos que no pillamos ni una de sus magistrales medidas, o nos están dando por liebre, gato sin disfrazar, y donde tendrían que decir... –no sé cómo hace la liebre-, nos dicen, encima “miau” pero enseñando una zanahoria para disimular.

Hec

Pueden hartarse a decir que no hay crisis, y tirar de eufemismos, rodeos, y toda la gama de pobre retórica del bachillerato. El bolsillo del español lo nota y se duele, y sabe que, llamen como lo quieran llamar, su economía sí está en crisis. Y cuando las economías familiares están en crisis, la cosa va mal, pero que muy mal, puesto que el acento está en el consumo. El cálculo es fácil: sin dinero, no se gasta. O peor aún, se gasta más a crédito, que es lo que lleva ocurriendo durante años, hasta el día en que, simplemente, es imposible concederlos y empiezan los embargos y las cuentas congeladas, las listas de morosos etc. Quizás no haya crisis para el pobre, que, siendo pobre, fue devorado hace mucho por el sistema. Quizás tampoco para el rico, que siendo rico, tiene sus cosas a buen recaudo. El tema toca y zarandea a esa clase media que sostiene el difícil equilibrio del país con su nómina y su cartera. El gran problema está en la dieta de adelgazamiento que sufren, no por voluntad, las últimas. Y esta clase media, medio acomodada, medio rica y medio pobre, que siempre anda en el más o menos para llegar a fin de mes, sabe que hay crisis aunque Rodríguez Zapatero hable de “desaceleración”.

Desde luego que, todo lo que no sea aceleración, subir, ganar, es desaceleración, bajar, perder. Y los primeros desacelerados han sido los camioneros, los pescadores, los agricultores y algunos taxistas, que han desacelerado completamente sus camiones, atracado sus barcos y parado sus tractores y vehículos, al margen de los sindicatos –si es que no se puede morder la mano que te alimenta. Otra cosa que desacelera es el PIB, no por soltar el pedal, sino por tirar que da gusto del freno de mano. Sin embargo, algo acelera: esa cosa llamada EURIBOR y que saca, mes a mes, los ojos y las tripas a los hipotecados. El EURIBOR pisa a fondo y corre que se las pela, crece como nadie y sin control. Con él, se aceleran también el paro y las deudas de los españoles, mientras la administración tributaria ayuda rebuscando en las liquidaciones y revisando las declaraciones de RENTA, por ver de dónde puede sacarse algunos miles de euros, con sus céntimos y todo.

El caso es tan paradójico como tener que pagar más cuando menos se tiene. Y los parches demagógicos y populistas de los cuatrocientos euros por aquí, los dos mil quinientos por allá, el euro del carné de conducir y ese largo etcétera del generoso papá Estado de Zapatero, han quedado en pamplinas cuando la bolsa de la compra pesa mucho menos habiendo pagado lo mismo de todas las semanas en el comercio.

Y, ¿dónde está la oposición? Sí, hombre, sí, los defensores de España. Nada más y nada menos que defendiendo, cada uno sus barbas, en el seno de su partido. Sin salir de casa, que revuelta anda y cualquiera sale a ocuparse del país... ¡que le quitan la silla y el sillón del Parlamento si se despista! Estos llaman “debate de ideas” a las pullas que se tiran los unos a los otros. Que la derecha no va a saber jugar también con el lenguaje ¡Vamos que no!

Mientras tanto, voces de tontería sonaron, en un Ministerio, voces estúpidas que cercan el género gramatical de la palabra “miembro” y de cualquiera que se cruce en su camino cuando cogen el diccionario. Si es que el Ministerio este de la Igualdad –o igual da, que dicen algunos-, como preveíamos, sólo va a servir para oír aún más sandeces, memeces y necedades de las que estamos acostumbrados. Nebrija debe de estar revolviéndose en femenino y masculino bajo la tierra.

A Zapatero y a Rajoy les están haciendo huelga, no porque hayan hecho algo malo, sino por lo malo que es este no hacer absolutamente nada, viéndolas venir y suceder. Huelga de militantes, miembros y “miembras” -¡chapó!, señora ministra-, por un lado, que caen como moscas del Partido Popular; huelga de obreros por otro lado, que no les duelen prendas de convertir la “desaceleración” de Rodríguez Zapatero en frenazo y trompo que te crió. Lógico en ambos casos que, si no hay patrón, los marineros –que no “marianeros” ni “joseluistas”- se suben a las barbas y las cejas. Y España, sin gobernarse.

Hec

La democracia es una organización que cuesta mucho soportar y mantener. Las ocasiones que se dan para cruzar la línea democrática hacia las discriminaciones y las injusticias son muchas más que las circunstancias para quedarse en los límites. Ahora vienen a hacer, tan injustamente como en otros países, un registro nacional de pederastas que incluso pueda inscribir aquellos aún no condenados pero imputados a la espera de juicio o sentencia. Adiós a la presunción de inocencia, adiós a la igualdad ante la ley y la no discriminación, adiós al derecho de intimidad y privacidad como derechos fundamentales reconocidos internacionalmente, adiós a los principios esenciales del sistema penitenciario sobre la reinserción. En cambio, ¿servirá esto para evitar futuros casos? ¿No suena a parche populista ante la inoperancia de una justicia y unos tribunales atascados, a la no aplicación de la ley vigente, a la falta de comunicación entre administraciones...? ¿Para qué están las fichas de “antecedentes penales”?

La cuestión llega desde una familia, tristemente conocida por el asesinato de su hija, víctimas, fundamentalmente, de un sistema judicial atestado y lento, muy lento. ¿Acaso un registro nacional va a arreglar los problemas y retrasos entre la solicitud de unos antecedentes y la llegada de los mismos a la Sala del Tribunal que lo solicitó? Ocurrirá como la archifamosa “Ley de Género”, sin que las mujeres muertas hayan disminuido, acrecentándose el número de denuncias falsas. Más parches, y más pisar al otro lado de la democracia, ese lado oscuro que la pone en entredicho.

Por otro lado, el delito podrá ser horriblemente feo para nuestra moral moderna, saturada con el lema “Nadie piensa en los niños”, y se nos olvida que la justicia no debe usar criterios morales por la repugnancia de unos hechos, sino atenerse a la ley. Tal registro, por tanto, responde a calmar las conciencias morales, no a colaborar en la aplicación de la ley en los Tribunales. Un guiño más a la galería.

Y, ¿quién es el pederasta? En principio, lo que digan los periodistas, para quienes lo es desde el violador asesino ya condenado en otras ocasiones, hasta el primario que un día se bajo un foto y fue detenido como el cerebro de una red, o el que chateó sobre sexo sin saber que detrás del nick “telachuparentera”, se escondía una inocente y frágil pequeña de once años –no se sorprendan; entren en un chat y hagan la estadística. Curiosamente, de un tiempo a acá, tenemos España repleta de pederastas. Todos los días detienen a cincuenta, a cien..., junto a los maltratadores de mujeres y los temerarios del volante. Son, triste palabra, los delitos de moda para la prensa que anima, con sus exageraciones, al escándalo alarmista y las venganzas a la puerta del juzgado, a la familia y cualquiera que pida amparo de sus derechos.

Además, ¿seguro que se quiere un registro, y se pide que público, por la seguridad de los niños? Particularmente creo que es el morbo y el marujeo tan típicos de nuestro país, las ganas de hurgar en la vida del vecino y encontrar, si cabe, más razones y más justificadas para el linchamiento general –que es lo que ocurriría, un ajusticiamiento social tomándose la justicia por su mano. El argumento es conocido: no existe reinserción en estos casos; que no pasa de ser una generalización que olvida separar entre hechos puntuales de estar en el sitio menos indicado en el momento menos oportuno, y el hecho reiterado sin remisión. Los porcentajes, aunque indican poca reinserción, no la anulan. ¿De dónde surge esta generalización? Los drogodependientes, que tantas veces han de delinquir para sufragar la adicción, tampoco tienen uno de los niveles más altos de reinserción...sin embargo, hablamos de pobres diablos casi con ternura. Si añadimos que los fabulosos programas de tratamiento en las penitenciarías se aplican tarde, con prisa y mal, es lógica la falta de reinserción que después volvemos en contra del condenado para apedrearle.

Casi mejor, más rápido y más eficaz, aunque menos eufemístico que un registro, menos perifrástico que la seguridad de los menores que van solos por las calles o navegan sin control por intenet, sería una lapidación pública y un sajar los ojos en la Plaza Mayor de cada pueblo y ciudad. Total, para andar señalándole con el dedo aunque no haya reincidido, todos los días de su vida hasta que pida le peguen un tiro... terminamos antes, ¿o no? Hay también ciertas ganas de hacer sufrir, de torturar, humillar y echar encima de las cabezas el pasado de cada cual aún cuando él mismo lo haya dejado atrás. Para esto nos ahorramos los derechos y la democracia misma. Pero, ¡ay del día en que uno de los que hoy gritan le cuelguen el cartel porque, alguna vez, en lugar de bajarse del p2p las películas que tanto quería, se encuentre con un pack de violaciones a niños y la policía, que sigue el destino de ese archivo, se le plante en la puerta de casa! O también la vez que éste decida buscarse una novia, o un contacto sexual tras la ventana de un chat, y luego descubra, ante un juez, que el magnífico plan de placer lo diseño con una cría de trece años que sabía más que él de sexo y vicio. Siempre linchan los que se creen libres de pecado, hasta el momento en que caen las piedras sobre él.

Hec

Siguiendo con la ideología de género, cada vez más presente e inexplicablemente más aceptada, hoy sabemos que el Tribunal Constitucional viene a avalar la reforma introducida en el Código Penal que, fundamentalmente, criminaliza y castiga con mayor dureza al varón que a la mujer en los asuntos de la llamada –horriblemente- “violencia doméstica”. Lo cual quiere decir que el varón se enfrenta a peores consecuencias por agredir o maltratar a la pareja que una mujer. Es evidente a cualquier cráneo lúcido que la reforma se salta a la torera uno de los principales artículos de la Constitución como es el art. 14 que se refiere a la no discriminación por razones de sexo, raza, religión... lo que es lo mismo, el artículo que señala que todos los españoles somos iguales ante la ley. Sin olvidar el art. 10.2 el cual sienta la interpretación de los Derechos fundamentales y libertades de conformidad con los Declaración Universal de Derechos Humanos.

Sin duda, es grave que pueda hacerse tal reforma política e ideológica. Pero aún más, si cabe, que el Tribunal Constitucional, siendo quien debe velar porque las leyes emanen coherentemente y no contradigan la Carta Magna del 78, sea quien dé su visto bueno a reformas de clara discriminación por razón de sexo. La justificación que he oído por ahí, dado que el texto de la decisión no se ha dado a conocer aún, es que, efectivamente, este delito es más frecuente en los varones que en las mujeres. Ésta es la doctrina y estos son los criterios: probabilidades y estadísticas para legislar en función de los grupos sociales. ¡Y yo que pensaba que se legisla para las personas por igual! Nos venden la moto del “imperio de la ley”, cuando es el “imperio de la interpretación, de la opinión”; de la “igualdad”, cuando es el imperio de la “discriminación” –ya positiva, ya negativa, pues ambas son la cara y la cruz de la misma moneda: cuando una está boca arriba, la otra está en el otro lado. No podemos agachar la cabeza y asentir a un argumento que sostiene que, como la mujer se encuentra discriminada en unos ámbitos, vamos a beneficiarla en otros, en los tribunales, y así compensamos. Así sólo reduplicamos la injusticia en los dos polos, pagando en todo caso justos por pecadores: criminalizamos a unos y los castigamos severamente sin mirar –que los hay penando por denuncias falsas-, mientras las otras siguen muriendo, o cobrando menos, vejadas e insultadas. Todos sin derechos, pero por el derecho.

Para observar en un ejemplo la estupidez judicial y legal que supone, piénsese que podríamos reformar también en los delitos de robos con fuerza, donde socialmente[i] se considera que la palma se la lleva la inmigración, y así imponer penas más duras dependiendo de la raza y color del personal. ¿Por qué no lo llamaríamos “racismo o discriminación positivos”? ¿Por qué en ese caso nos parecería aberrante? Y sin embargo, también nos llevamos las manos a la cabeza porque en este caso las víctimas se tienen que aguantar. Así se comprueba que este camino sólo relativiza los criterios para las decisiones judiciales.

La ley no está para beneficiar o castigar a unos grupos más que a otros, pero en nuestro país ocurre demasiado a menudo lo contrario. Ahora, al carro, apuntamos también la ideología de género. La ley supone el mismo amparo de derechos y libertades, como de consecuencias por su quebrantamiento, sea quien sea víctima y agresor. Sin embargo, en España, esto se dice y no se cumple, y empezamos a avalar una legalidad que mira previamente la edad, el sexo, el color, la moral del bien y del mal establecida. Un primer paso, en toda regla, para olvidar conceptos como ciudadano, persona, y poder comenzar a restringir derechos a éste sí, a éste no. Es más, desde hace tiempo que el imputado o condenado por determinados delitos ve cómo se siente desprotegido ante la ley que debería vigilar también sus derechos, discriminado de otros imputados o condenados, sobretodo por estos pensamientos profundos que se quejan de que la ley “protege al delincuente”. Indudablemente que nadie puede cometer salvajadas a cuenta de las leyes, pero no podemos olvidar que una parte de las mismas defienden sus derechos también y por igual. No es una cuestión de todo o nada. Se nos está olvidando cada vez más que la ley es un intermediario en la convivencia social y no puede situarse en un lado u otro de las situaciones. La ley no es un muro de contención de la sociedad frente al delincuente, entre otras cosas porque eso representaría considerar que el delincuente no pertenece a la sociedad. Esto, no obstante, es lo que sucede. Y una vez que el delincuente, considerado fuera de la ley, es puesto de igual modo fuera de la sociedad, parece legitimarse que para él, la misma ley que quebranta no ha de velar por sus derechos. Vamos, que podemos lapidarle en la plaza del pueblo. Pero todo es muy “democrático” y muy “constitucional”, porque lo ha dicho este Tribunal. Lo mismo que conceder que la decisión de un comité de locos siempre será cuerda, lo cual supone que la justicia sea cosa de casualidad.

Lo repetiré una vez más: a la ley le debe dar exactamente igual el sexo de la víctima y el del agresor, pues el delito es el mismo. Si se quiere endurecer la pena, al menos, que las incrementen para los dos sexos, de modo que no ocurra que a unos les salga más caro y a otras más barato. Si no, diga lo que diga el Constitucional, tal ley, reforma o artículo no estaría respetando el Texto del 78. La otra opción sería eliminar los artículos que decretan la igualdad ante la ley. Aquí, sintiéndolo mucho, sobre derechos y libertades, no hay escala de grises.

Hec